La administración capitalina enfrenta cuestionamientos sobre el ejercicio de los fondos destinados a la modernización vial, mientras el colapso del tránsito en el Periférico y vías primarias se agrava. A pocas semanas de eventos internacionales de gran escala, como el Mundial 2026, las obras de mitigación presentan retrasos críticos en su ejecución y entrega.
Auditorías preliminares sugieren que la asignación presupuestaria para el mantenimiento de la carpeta asfáltica y la ampliación de ciclovías no ha tenido el impacto esperado en los tiempos de traslado. Los ciudadanos reportan trayectos de 40 minutos que se extienden a dos horas, evidenciando una desconexión entre el gasto reportado y la realidad operativa de las vialidades capitalinas.
La presión sobre los funcionarios de movilidad aumenta debido a la falta de transparencia en las concesiones de las plataformas de transporte privado. Mientras el gobierno promueve soluciones tecnológicas, la regulación de estas apps permanece en un vacío legal que contribuye a la saturación del espacio público sin un beneficio claro para el erario.
Expertos en urbanismo señalan que la estrategia de «parches» viales ha sustituido a una planeación integral a largo plazo. Los recursos invertidos en puentes y pasos a desnivel no han logrado reducir la congestión, sino que han incentivado un mayor uso del automóvil privado, contraviniendo las políticas de movilidad sustentable.
El presupuesto asignado a la seguridad vial también se encuentra bajo escrutinio, dado el aumento de incidentes en los nodos de mayor congestión. La falta de agentes de tránsito suficientes y de sistemas de vigilancia automatizada funcionales ha derivado en un clima de impunidad para los infractores que agravan el nudo vehicular.
Representantes vecinales de zonas como Polanco y la colonia Juárez han solicitado formalmente un desglose de los contratos de obra pública ejecutados en el último trienio. La sospecha de sobrecostos en materiales de construcción para las nuevas estaciones de transporte masivo ha generado un clima de desconfianza institucional.
El gobierno local defiende su gestión argumentando que la demanda de movilidad ha superado cualquier proyección histórica. Sin embargo, la falta de resultados tangibles en la reducción de tiempos de traslado coloca a la movilidad como el principal punto de fricción política de cara a los próximos ciclos electorales.