Por Juan Pablo Ojeda
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó este viernes que la definición de la fecha para la elección del segundo paquete de juzgadores del Poder Judicial se mantiene en fase de estudio técnico. Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria señaló que la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, encabeza el análisis jurídico que determinará la viabilidad de un ajuste al calendario establecido originalmente en el decreto del 15 de septiembre de 2024.
La administración federal evalúa la posibilidad de trasladar la elección de la segunda mitad de los cargos judiciales de junio de 2027 al año 2028. Esta modificación requeriría una reforma a la reforma constitucional vigente, dado que el decreto actual estipula que dichos cargos deben ser sometidos a votación popular en la elección federal ordinaria del 2027.
El planteamiento técnico responde a la necesidad de optimizar la logística electoral y evitar una saturación en las urnas durante los comicios intermedios. Según datos de la coalición mayoritaria, la carga operativa de elegir a cientos de juzgadores de forma simultánea con las diputaciones federales podría comprometer la eficiencia del proceso de votación y el conteo de sufragios.
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó previamente que la Presidenta ha instruido a la Consejería Jurídica priorizar este análisis como tarea inicial. La meta institucional es evitar que la asistencia ciudadana y el flujo de votos se «convulsionen» ante la complejidad de las boletas requeridas para el primer domingo de junio de 2027.
La implementación de este cambio implica la apertura de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión durante el mes de mayo. Dado que se trata de una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el bloque oficialista debe garantizar la mayoría calificada en ambas cámaras, lo que exige negociaciones directas con las bancadas de oposición.
En términos administrativos, el retraso a 2028 permitiría un periodo de transición más extenso para la capacitación de los comités de evaluación. Actualmente, el estudio liderado por Luisa María Alcalde se centra en la armonización de los transitorios constitucionales para no generar vacíos de poder en los juzgados y tribunales que quedarían pendientes de renovación.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró que no existe una fecha definitiva hasta que concluya el peritaje jurídico de la Consejería. La unidad del movimiento se reafirmó tras la reunión con legisladores de Morena, PT y PVEM en Palacio Nacional, donde se realizó un balance del periodo ordinario concluido el pasado 30 de abril y se trazó la ruta para la posible sesión extraordinaria.